Puig propone restringir el derecho de reunión en la lucha contra el vandalismo
El consejero de Interior, Felip Puig, se ha fijado como prioridad luchar contra la violencia callejera con todas las herramientas posibles. Este martes propuso restringir el derecho de reunión y de seguridad ciudadana, regulados por leyes orgánicas, para que se aborde “la problemática de la ocultación de identidad” y la “posesión de materiales peligrosos en concentraciones”. Algo que criticaron todos los partidos políticos, excepto el PP.
Puig desgranó el martes estas iniciativas contra la “guerrilla urbana” en la rueda de prensa tras el Consell Executiu de la Generalitat. Interior ya trabaja en una ley del espacio público que sancionará a las personas que acudan a las manifestaciones tapadas, de forma que no se las puede identificar. La medida afectará igualmente al espacio público y a prendas como el niqab y el burka.
Asimismo, el titular de Interior anunció que ha pedido a la fiscal jefe de Cataluña, Teresa Compte, un fiscal especializado en temas de violencia urbana y una circular que unifique los criterios de actuación del ministerio público. De esa forma, Puig espera conseguir una mayor contundencia contra los que protagonizan altercados y “potenciar la prisión provisional” para los vándalos. Los disturbios del jueves se saldaron con 80 heridos (6 de gravedad, con rotura de bazo, contusiones pulmonares y afectaciones oculares por las pelotas de goma que lanzaron los Mossos d’Esquadra), 79 detenidos (cuatro de ellos han ingresado en prisión) y daños que superan el medio millón de euros en Barcelona.
Entre las novedades, el titular de Interior anunció una nueva página web de colaboración ciudadana, para que la población ayude a identificar a los violentos a partir de imágenes públicas y policiales. La página estará lista en poco tiempo, según el consejero, pero no detalló si recogerá denuncias anónimas, aunque tampoco lo descartó. “La Oficina Antifraude las acepta y luego investiga”, defendió Puig. Asimismo, detalló que las páginas, blogs y tuits que “generen violencia y sean cómplices” de los alborotadores serán “objeto de análisis policial”.
Puig se mostró a favor del endurecimiento del Código Penal propugnado por el ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, que equiparará las penas para los autores de los delitos de vandalismo a las de los autores de kale borroka, que contemplan un mínimo de dos años de prisión (ahora los desórdenes públicos se castigan con entre seis meses y tres años de cárcel). Pero matizó que el objetivo político no es el mismo. “El sistema de seguridad no da suficiente miedo a los violentos”, aseguró el consejero en Els Matins de TV-3.
También pidió que se unifiquen todos los delitos que comporta la violencia callejera y que se apliquen nuevas medidas complementarias, como órdenes de alejamiento de lugares conflictivos, penas de trabajo en favor de la comunidad o confinamiento en comisarías de las personas con antecedentes por altercados en situaciones de riesgo.
El plan contra la “guerrilla urbana” incluye un incremento del 25% de los agentes antidisturbios (se sumarán 100 policías a los 400 que forman esta unidad). Y tendrán el apoyo de las unidades del Área de Recursos Operativos (ARRO) que no suelen intervenir en las grandes actuaciones de orden público.
Como forma de prevención y reacción, Puig anunció “proyectos de videovigilancia” en espacios públicos que acostumbran a ser escenario predilecto de los vándalos, y los mossos practicarán “identificaciones preventivas y actuaciones selectivas”, indicó, sin especificar a qué se refiere. En la actualidad, la policía ya identifica a personas sospechosas de cometer un delito.
Interior ha abierto 94 expedientes sancionadores contra los detenidos en la huelga, pero los ha dejado en suspenso a la espera de la evolución de cada caso en los juzgados
Hasta el momento, Interior ha abierto 94 expedientes sancionadores contra los detenidos en la huelga, pero los ha dejado en suspenso a la espera de la evolución de cada caso en los juzgados. Puig aplaudió que en ocho casos se haya pedido la prisión como medida cautelar (cinco eludibles previo pago de fianza). Una decisión que el colegio de abogados de Barcelona y Girona, a través de sus comisiones de Defensa y de Derechos Humanos, respectivamente, han criticado porque “vulneran la presunción de inocencia” y porque son “doctrines preventivas absolutamente contrarias al ordenamiento jurídico español”.
Interior ha expedientado también a los sindicatos de CGT y CNT por convocar la manifestación que acabó con los graves altercados en la ciudad. Puig detalló que de los 79 detenidos (ocho menores de edad), 42 pasaron a disposición judicial y sólo uno ha quedado en libertad sin cargos. La Generalitat se personará como acusación particular en todos los casos.
El titular de Interior insistió en la necesidad del rechazo social ante este tipo de actos vandálicos y anunció un “proceso de reflexión colectivo” en el que implicará a políticos y sociedad civil. Puig ha convocado ya el Consejo de Seguridad de Cataluña para abril, tal y como pidió el lunes la patronal. Asimismo, ha propuesto un monográfico al ayuntamiento de Barcelona que aborde la violencia callejera en la ciudad.
En todo este tiempo, el consejero de Interior no ha admitido ningún error por su parte. “No falló nada”, aseguró en una entrevista en TV-3 sobre el dispositivo policial, que usó por primera en la historia de los Mossos gases lacrimógenos para dispersar a la gente. La policía se prepara ahora para las siguientes citas de riesgo en mayo, con el encuentro del Banco Central Europeo en Barcelona y el día del Trabajador.
